Fotografía tomada por Andrés Parales en el museo del Banco de República
Fotografía tomada por Andrés Parales en el museo del Banco de República
CENAPROV no fue un capricho ni un experimento improvisado. Surgió en 1959, en medio de un contexto de violencia, desplazamientos forzados y abandono estatal, cuando miles de familias campesinas y urbanas eran arrastradas hacia la marginalidad sin que existiera una política pública seria que garantizara el derecho a un techo digno. Este movimiento, con un fuerte carácter comunitario y un trasfondo ideológico cercano al comunismo, se convirtió en un actor social que organizó colonos, obreros, inquilinos y trabajadores informales, y que logró lo que el Estado no pudo o no quiso hacer: brindar vivienda a miles de familias en más de un centenar de municipios. El museo lo expone como parte de la memoria nacional, pero lo que debe quedar claro es que no se trató de una dádiva ni de una anécdota romántica, sino de un verdadero acto de justicia social desde abajo.
Ahora bien, la crítica que me surge es doble. Por un lado, celebro que el Museo del Banco de la República dé un espacio a estas luchas populares, porque ello permite visibilizar que la historia de Colombia no solo se construye desde los grandes nombres, las instituciones oficiales o las élites económicas, sino también desde el esfuerzo de comunidades que, sin recursos materiales ni respaldo estatal, fueron capaces de levantar barrios enteros. CENAPROV demuestra que la vivienda no es simplemente ladrillo y cemento, sino tejido social, identidad cultural, derecho humano en toda su extensión. Es importante que se muestre esto en un museo nacional, porque reivindica una parte de la memoria que durante décadas fue marginada.
Pero, al mismo tiempo, el otro lado de la crítica es mucho más duro: la sola existencia de CENAPROV revela el fracaso histórico del Estado colombiano en la garantía del derecho a la vivienda. El artículo 51 de la Constitución de 1991 reconoce expresamente ese derecho, pero desde antes ya existía una obligación implícita en la función social de la propiedad y en los principios básicos del derecho público. Aun así, las políticas de vivienda han sido, en la práctica, insuficientes, desiguales y muchas veces excluyentes. La historia de CENAPROV es prueba de que fueron las comunidades, y no el Estado, quienes dieron la cara por resolver el déficit habitacional. Y lo más doloroso es que esa realidad sigue siendo actual: aún hoy miles de colombianos viven en condiciones precarias, en asentamientos informales, con títulos irregulares, sin servicios básicos, perpetuando un ciclo de marginalidad que ni la ley ni las instituciones han sabido romper.
Otro punto crítico es el papel represivo o indiferente del Estado frente a este tipo de movimientos. El hecho de que CENAPROV tuviera vínculos con ideologías comunistas fue suficiente para que en muchos casos se le estigmatizara, se le persiguiera o se le negara reconocimiento institucional. El aparato estatal, en vez de ver en estas comunidades un aliado en la construcción social, las trató como amenaza. Esta es una lección que el museo debería resaltar con más fuerza, porque muestra cómo la política, la ideología y el prejuicio se interpusieron en la garantía de derechos básicos. El derecho a la vivienda digna nunca debió ser condicionado por afinidades políticas ni por temores ideológicos; ese derecho es inherente a la persona y debe ser protegido de manera universal. Sin embargo, la experiencia de CENAPROV nos recuerda que en Colombia lo jurídico y lo político han estado atravesados por intereses que, en lugar de garantizar derechos, los restringen o distorsionan.
También es necesario señalar que, aunque los logros de CENAPROV son indiscutibles —medio millón de familias beneficiadas, más de 150 municipios intervenidos—, no podemos idealizarlo como si hubiese resuelto de manera perfecta el problema de la vivienda. Muchos de los barrios construidos enfrentaron después carencias de servicios, problemas de planificación y segregación urbana. Esta realidad no desmerita la lucha, pero nos obliga a reconocer que incluso las soluciones comunitarias tienen límites cuando no existe un respaldo institucional sólido. Lo que debería quedar claro es que el esfuerzo popular fue inmenso, pero no fue acompañado por una política estructural que garantizara sostenibilidad. Esa omisión sigue siendo un fracaso jurídico y político que debe cuestionarse.
En mi condición de estudiante de Derecho, creo que la enseñanza más valiosa de esta visita al museo es que la memoria no puede quedarse en vitrinas. La historia de CENAPROV no debe ser reducida a una postal nostálgica, sino asumida como un precedente jurídico y social que demuestra que la vivienda es un derecho real, que puede y debe ser exigido. Si las comunidades lograron tanto sin apoyo estatal, cuánto más debería lograrse hoy con un marco constitucional y legal que reconoce expresamente el derecho a la vivienda digna. La crítica, entonces, no se limita a celebrar lo que se hizo en el pasado, sino a cuestionar con dureza lo que no se ha hecho en el presente.
Ver a CENAPROV representado en el Museo del Banco de la República fue para mí un recordatorio poderoso de que los derechos no se otorgan desde arriba, se conquistan desde abajo, pero también una denuncia silenciosa de las enormes deudas que todavía tenemos como sociedad. Es una historia que inspira, pero que también duele; una historia que reconoce el valor de la autogestión, pero que desnuda la desigualdad estructural; una historia que debe impulsarnos a no resignarnos. La memoria de CENAPROV nos enseña que el derecho a la vivienda digna no puede seguir siendo letra muerta, ni privilegio condicionado, sino que debe convertirse en una realidad tangible, efectiva y universal, porque solo así podrá hablarse de justicia social en un país que aún tiene demasiadas cuentas pendientes con sus propios ciudadanos.
