Foto de Miguel Caireta
Colombia ocupa el Nivel 1 en la clasificación internacional sobre la trata de personas, lo que implica que cumple con los estándares mínimos para la eliminación del delito. Sin embargo, esta calificación parece responder más a una ficción administrativa que a una realidad material. El país exhibe protocolos, campañas y mesas interinstitucionales, pero carece de resultados concretos, coherencia en la acción pública y protección efectiva a las víctimas.
El informe de 2024 evidencia un patrón preocupante: las instituciones “demuestran esfuerzos” sin producir impacto real. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación solo logró seis condenas por trata sexual durante 2023 y ninguna por trata laboral, pese a haber identificado más de 1.200 posibles víctimas ese mismo año. Este desequilibrio revela un déficit de voluntad penal, una incapacidad investigativa sistemática y una tendencia a desarticular el delito, tipificándolo bajo figuras menores como “inducción a la prostitución” o “proxenetismo”.
El resultado es un sistema penal que disfraza la inacción con cifras parciales y confunde la gestión burocrática con justicia. Las audiencias, investigaciones y procesamientos se vuelven procedimientos formales que rara vez culminan en condenas. Colombia, más que un Estado que combate la trata, parece un Estado que la administra: reconoce su existencia, produce informes y organiza seminarios, pero no logra impedir que la explotación siga operando en el silencio institucional.
El informe muestra que, aunque el país ha desarrollado una estructura institucional —Ministerio del Interior, ICBF, Fiscalía, COAT, comités territoriales—, esta opera sin coordinación, sin recursos y sin enfoque de derechos. En 2023, el 85 % de las víctimas identificadas eran adultas, pero el Estado no dispone de refugios especializados ni atención psicológica adecuada para ellas. Los servicios se limitan a cinco días de alojamiento temporal, lo que constituye una burla frente a la magnitud del trauma sufrido por las víctimas de explotación sexual o trabajo forzado.
Mientras tanto, los municipios y departamentos, responsables directos de prestar asistencia, están desfinanciados y sin personal capacitado. Los funcionarios tienen contratos temporales, carecen de continuidad y conocimiento institucional, lo que convierte la protección de víctimas en una tarea improvisada. En la práctica, la política pública se sostiene sobre voluntades aisladas, ONG precarizadas y cooperación internacional, no sobre una estrategia estatal sólida.
La supuesta política de protección es, en realidad, una política de abandono. Las víctimas no son acompañadas integralmente, no se les garantiza acceso a educación, empleo ni justicia. El discurso de “derechos humanos” se vacía de contenido cuando la persona rescatada vuelve a la misma situación de vulnerabilidad o, peor aún, es revictimizada por el propio Estado.
El informe documenta 40 casos de víctimas penalizadas por delitos menores cometidos como resultado de su explotación, una práctica que contradice de manera flagrante el principio internacional de no sanción de víctimas establecido por el Protocolo de Palermo.
Así, la víctima deja de ser sujeto de protección y se convierte nuevamente en objeto del castigo.
El fenómeno de la trata de personas en Colombia no se sostiene únicamente por la existencia de redes criminales, sino también por la complicidad institucional y la corrupción funcional. El propio informe oficial documenta 51 casos de complicidad de funcionarios públicos, de los cuales solo uno terminó en una sanción administrativa. Esto equivale a una impunidad del 98 % en casos donde agentes del Estado participaron directamente en la explotación o la facilitación del delito.
En 2023 se arrestaron policías activos involucrados en redes que enviaban mujeres a Francia o actuaban como informantes de organizaciones de trata en Cartagena. Sin embargo, la respuesta del sistema disciplinario y judicial fue tibia: en la mayoría de los casos, los funcionarios fueron trasladados o despedidos, no condenados penalmente. Esta protección interna genera un mensaje devastador: en Colombia, el uniforme puede ser un escudo para la impunidad.
La corrupción institucional opera como un sistema de engranajes invisibles que va desde el policía que “no ve”, hasta el fiscal que prefiere archivar antes que investigar. La ausencia de sanción efectiva y la pasividad del control interno estatal constituyen, en sí mismas, formas de participación indirecta en la trata. En consecuencia, el Estado no solo tolera la explotación, sino que coopera pasivamente con ella al permitir que sus agentes la perpetúen sin castigo.
El artículo 188A del Código Penal —columna jurídica del delito de trata— sigue desalineado del Protocolo de Palermo, al omitir los elementos esenciales de fuerza, fraude o coacción. Esta deficiencia no es menor: abre una brecha que permite la interpretación errática de los jueces, la fragmentación de los procesos penales y la reclasificación de los casos bajo figuras de menor gravedad.
Esta falta de armonización normativa demuestra un desinterés legislativo sostenido. Colombia ha ratificado tratados internacionales, pero no ha ajustado su legislación penal ni ha promovido una política de persecución integral del delito. El derecho penal, en lugar de ser un instrumento de protección, se convierte en una tecnología de simulación jurídica: castiga a los actores marginales, ignora las redes estructurales y preserva la apariencia de cumplimiento internacional.
El resultado es un sistema que castiga al pequeño traficante, protege al cómplice estatal y abandona a la víctima. Un Estado que cumple con la forma, pero traiciona la esencia.
La respuesta institucional colombiana frente a la trata de personas es, en el fondo, una respuesta aparente, diseñada para satisfacer estándares internacionales sin transformar la realidad. El país mantiene un andamiaje normativo y una retórica de derechos humanos, pero los indicadores revelan un fracaso profundo del aparato estatal: impunidad judicial, corrupción, negligencia y desarticulación institucional.
La trata en Colombia no persiste por falta de leyes, sino por exceso de indiferencia.
Mientras las instituciones sigan priorizando el discurso sobre la acción, la coordinación sobre la justicia, y la estadística sobre la verdad, las víctimas seguirán siendo la evidencia viva del colapso moral del Estado.
Fuente:
- Informe Anual de Trata de Personas 2024 – U.S. Embassy / Colombia
https://co.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/57/2024/06/Informe-Anual-de-Trata-de-Personas-2024-Espanol.pdf?utm_source=chatgpt.com
